“Gobierno de EPN, sin plan para combatir inseguridad”: Human Rights Watch

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A pocos días del primer aniversario del gobierno de Enrique Peña Nieto, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, le dirigió una carta en la que hace un repaso de las promesas incumplidas de la administración en términos de derechos humanos.

 

A pesar de haber adoptado algunas medidas positivas como la promulgación de la Ley de Víctimas y la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, subraya la organización, éstas no han sido acompañadas por las leyes reglamentarias necesarias para volverlas medidas efectivas. En resumen, se lee en la misiva, la estrategia de derechos humanos del gobierno federal sigue siendo, en gran medida, retórica.

Los puntos sobre los que la carta hace énfasis con los nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía, la continuidad en la fallida estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, la narrativa de presunción de culpabilidad alrededor de víctimas de violencia, la falta de respuesta a la crisis de desapariciones, la deficiente investigación de casos de abusos en el pasado, la impunidad de abusos militares, y el riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Aquí puedes leer la carta completa:

Washington D.C., 26 de noviembre de 2013
Excmo. Señor Presidente Peña Nieto:

A pocos días que concluya el primer año de su sexenio, tengo el honor de dirigirme a S.E. para manifestar nuestra profunda preocupación debido a que no se han registrado resultados frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México en los últimos años.

Cuando S.E. asumió la presidencia, México estaba sumido en una crisis de derechos humanos, y existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados —incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.

S.E. ha señalado reiteradamente que los derechos humanos son un tema prioritario para su gobierno. En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce [la] Constitución [de México]”. El “Pacto por México” expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado”, y, el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que “prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”, según su administración.

Cuando asumió en diciembre de 2012, le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno. Aclaramos que entendíamos que se trataba de problemas complejos y de difícil solución que no se atribuían a su gobierno, y que llevaría cierto tiempo resolverlos.

También advertimos que la amenaza para la seguridad pública que representa la delincuencia organizada es genuina y no ficticia y que al gobierno le incumbe la responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a estos grupos.

En el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos. Promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria. Su gobierno reconoció la magnitud del problema de las desapariciones, y conformó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a estos delitos. Su gobierno afirmó estar trabajando en la definición de un Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien aún no trascendieron los pormenores de este proyecto.

No obstante, a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico. Su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.

Nuevos abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad
Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante su presidencia. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

Entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina.

Otro ejemplo es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social a la cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato. Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.

A pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.

Su administración aún no ha dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la práctica de tortura persiste en algunas partes del país a pesar de esa reforma amplia para proteger los derechos básicos.

 

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